Trastorno dismórfico y cirugía estética: un dilema para el derecho sanitario en México

La UNAM reveló que cerca del 80% de las personas que se someten a cirugía plástica estética presentan un trastorno dismórfico corporal: "los trastornos dismórficos suelen estar relacionados con depresión en 12 a 46 por ciento de los casos; o perturbaciones de la personalidad (limítrofe, 11.8 por ciento; paranoide, 10.9 por ciento; evitativa, 26.9 por ciento; obsesiva, 16.8 por ciento; y dependiente, 5 por ciento)."

Esto plantea un desafío para el derecho sanitario: ¿cómo garantizar que la decisión de operarse responda a la autonomía real del paciente y no a un trastorno no diagnosticado?

El dato es alarmante porque conecta tres ámbitos: salud mental, consentimiento informado y regulación sanitaria. Hoy, la normativa mexicana reconoce la cirugía plástica como un procedimiento electivo sujeto a consentimiento informado, pero no exige una evaluación psicológica previa. En consecuencia, miles de pacientes podrían estar siendo intervenidos quirúrgicamente sin un abordaje integral que valore si el procedimiento responde a una necesidad médica, estética legítima o a un trastorno no tratado.

El dilema ético y jurídico es claro: ¿debe el derecho sanitario establecer la obligación de una evaluación psicológica previa que determine el trasfondo real del deseo de someterse a una cirugía estética?

En un país donde la COFEPRIS clausura clínicas clandestinas frecuentemente, esta discusión no es menor. La respuesta que demos desde la bioética y el derecho sanitario marcará la diferencia para garantizar salud. 

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