El caso de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que falleció en Durango tras someterse a una cirugía de aumento de busto y lipoescultura, abrió un fuerte debate nacional sobre la regulación de los procedimientos estéticos y la protección de menores.
En México, las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas están reguladas por la Ley General de Salud y supervisadas por la COFEPRIS (Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios), que establece los requisitos de infraestructura, licencias y certificaciones que deben cumplir tanto las clínicas como los médicos. La normativa señala que los procedimientos deben realizarse únicamente por especialistas con cédula y certificación vigente.
Sin embargo, no existe una edad mínima legislada para someterse a una cirugía estética. En el caso de menores, la ley exige el consentimiento informado por escrito de los padres o tutores. Aún así, organismos como la CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) advierten que la inestabilidad emocional y el desarrollo físico inconcluso en adolescentes hacen riesgosa la práctica de estas intervenciones.
El caso evidencia vacíos en la vigilancia y aplicación de la ley: aunque el médico estaba certificado y la clínica contaba con permisos, se investiga la omisión de cuidados, falsificación de documentos y posible homicidio culposo. De igual forma, es también un llamado a revisar la regulación, la supervisión de clínicas estéticas y la violencia estética que afecta a jóvenes en el país.
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